Soberanía digital: el discurso oficial y la imposición silenciosa de cada día

Cada semana aterriza en mi lector de RSS una nueva remesa de titulares sobre soberanía digital europea. La Comisión presenta su Paquete de Soberanía Tecnológica, un consorcio alemán saca Euro-Office para plantarle cara a Microsoft 365, Francia anuncia que sustituirá Teams y Zoom por una plataforma propia, el Banco Central Europeo defiende el euro digital como escudo frente a la dependencia de los sistemas de pago estadounidenses. Leído del tirón, parece que vivimos un momento histórico: Europa por fin decide tomar las riendas de su propia infraestructura.

Y luego cierro el lector, salgo a la calle y la realidad me devuelve a un lugar bastante distinto. Porque entre el comunicado de Bruselas y mi día a día hay una distancia que nadie parece dispuesto a recorrer. A veces me pregunto si toda esa avalancha de noticias es algo más que una manera elegante de dar la impresión de que la soberanía es posible, cuando en la práctica todo —empezando por las propias instituciones— me empuja exactamente en la dirección contraria.

Del WhatsApp de Osakidetza a una pauta que se repite

Hace unas semanas escribía aquí sobre el uso de WhatsApp por parte de Osakidetza. Me parecía sintomático que el sistema público de salud de un país que se llena la boca con la palabra «privacidad» canalizara comunicaciones con pacientes a través de una app propiedad de Meta. Pero aquel caso, lejos de ser una excepción, era apenas la punta de algo mucho más extendido.

Lo que tengo claro después de darle vueltas es que no hablamos de decisiones aisladas ni de la torpeza de tal o cual funcionario. Hablamos de una pauta. De una manera de hacer las cosas que se ha instalado tan hondo que ya ni se percibe como una elección. Y precisamente esa naturalidad es lo que más me inquieta: cuando algo se vuelve invisible, deja de poder discutirse.

El caso de la Escuela Oficial de Idiomas

El ejemplo que mejor lo resume me tocó de cerca. En la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao —y me cuesta creer que sea el único centro educativo público que lo hace— decidieron usar Classroom para compartir trabajos y tareas. Hasta ahí, una herramienta más. El problema llega con la letra pequeña: para darnos acceso nos pedían específicamente una cuenta de Gmail.

Intenté objetar lo evidente, que no uso Gmail, que tengo mi correo en otro proveedor y que prefiero que siga siendo así. La respuesta fue la que ya me esperaba: que me cree una, que es gratis, que no es ningún problema. Y ahí está, condensada en tres frases, toda la cuestión. Para quien gestiona el centro, abrir una cuenta en Google es un trámite inocuo, casi un favor que la empresa te hace. Para mí es exactamente lo contrario: entregar una pieza más de mi identidad digital a una compañía cuyo modelo de negocio consiste, precisamente, en saber de mí.

El detalle importa porque la imposición no viene envuelta en una orden, sino en un encogimiento de hombros. Nadie me obliga por escrito a usar Google. Simplemente se da por hecho que lo haré, y el coste de no hacerlo recae entero sobre mí: o me adapto o me quedo fuera del aula virtual donde están las tareas. La supuesta gratuidad funciona como coartada perfecta para no plantearse nada.

Cuando colaborar con lo público significa abrir una cuenta en Google

No es solo cosa de alumnos. Este curso he colaborado con un par de centros de enseñanza públicos para que sus estudiantes pudieran hacer prácticas en Idenautas. Una experiencia estupenda, dicho sea de paso, y de las que más me reconcilian con el oficio. El problema, de nuevo, apareció en la logística: los documentos a compartir, las hojas de asistencia que había que rellenar, los informes de seguimiento, todo se gestionaba a través de Google Drive.

Para entrar en esas carpetas compartidas, otra vez, una cuenta de Google. Daba igual que yo llegara como colaborador externo, como empresa, con mis propias herramientas perfectamente operativas. La infraestructura del centro estaba montada sobre el ecosistema de Mountain View y, si quería participar, tenía que pasar por el aro. La alternativa era no colaborar, lo cual habría perjudicado a unos chavales que no tenían ninguna culpa de cómo está organizada la trastienda digital de su instituto.

Y aquí es donde el argumento de «es que es gratis para los centros educativos» enseña su trampa. Que Google o Microsoft regalen sus productos a las instituciones de enseñanza no convierte ese regalo en buena idea. Más bien al contrario: es la estrategia comercial más antigua del mundo, la de captar al usuario cuando es joven y cautivo para que, cuando salga al mercado laboral, ya no sepa trabajar de otra forma. La escuela pública, que debería ser el primer lugar donde se enseña a elegir con criterio, se convierte así en una correa de transmisión hacia el monopolio. Que algo sea gratis no significa que sea el camino que deberíamos recorrer.

El comercial que no entendía mi pregunta

Hubo un momento, hace unos meses, que retrata la situación mejor que cualquier informe de la Comisión. Un comercial de una empresa de software intentaba venderme su CRM, y sus mejores armas, las que sacaba con más orgullo, eran la integración con Google Workspace, con Microsoft Office, con Zoho. Lo enumeraba como quien recita un currículum brillante, convencido de que cada nombre era un punto a su favor.

Cuando le dije que yo no usaba nada de eso, se quedó literalmente sin palabras. No es que mi planteamiento le pareciera mal: es que no lo entendía. No formaba parte de su mapa mental. Mis opciones —correo en un proveedor europeo, almacenamiento fuera de las nubes estadounidenses, ofimática que no depende de Redmond— ni siquiera las conocía. Para él, el mundo se dividía en clientes de Google y clientes de Microsoft, y yo era una anomalía que rompía el guion de la demo.

Aquella conversación me dejó pensando durante días. Porque el problema ya no es que las grandes tecnológicas dominen el mercado, que también. El problema es que han colonizado el imaginario hasta el punto de que existir fuera de su ecosistema resulta, para mucha gente del propio sector, sencillamente impensable. Y cuando lo impensable se vuelve la norma, la palabra «alternativa» pierde su sentido.

Vuelvo a los titulares, ahora con más dudas

Con todo esto en la cabeza, releo las noticias del principio de otra manera. Me alegra que hayan salido a la luz Euro-Office y Office.eu, suites ofimáticas pensadas para que los documentos no abandonen servidores europeos, y me he apuntado EuroStack para echarle un ojo con calma, porque eso de construir infraestructura propia desde abajo es justo la clase de cosa que me gusta trastear un sábado por la tarde. Ojalá cuaje, de verdad.

Lo que pasa es que he leído ya demasiados comunicados ambiciosos como para tragármelos enteros. Me hizo gracia, y a la vez un poco de resquemor, descubrir que ni el propio Tribunal de Cuentas Europeo se fía mucho de que estos planes lleguen a buen puerto, y que buena parte de los centros de datos que se inauguran en suelo europeo son, en el fondo, sucursales de las mismas grandes tecnológicas de las que decimos querer independizarnos. Anunciar una alternativa y tenerla funcionando se parecen bastante menos de lo que da a entender el titular.

Y luego está lo que de verdad me toca, que es lo de siempre: por muchos paquetes que apruebe Bruselas, el día que me acerco a la EOI me siguen pidiendo un Gmail. Esa distancia, la que hay entre la rueda de prensa y la ventanilla del barrio, es la que no termina de acortarse. Y mientras no se acorte, me temo que seguiré abriendo cada nuevo anuncio europeo con la ceja levantada.

Lo que hago, aunque a veces sirva de poco

A nivel personal, y también en Idenautas, llevo años esforzándome por nadar a contracorriente. Mi correo está en Proton Mail. Los archivos, en pCloud. La infraestructura de mis proyectos se apoya en Scaleway y en statichost.eu, alojamiento europeo y comprobado. No es por purismo ni por llevar la contraria: es porque creo, sin demasiada épica, que mis datos y los de mis clientes deberían vivir bajo jurisdicción europea y no a merced de lo que decida Washington en el momento menos pensado.

El problema es que ese esfuerzo, hecho desde abajo y con mis propios medios, se desmonta en cuanto una institución se empeña en lo contrario. Puedo blindar mi correo y mi nube todo lo que quiera, que de poco me vale si para hacer unas prácticas con un instituto tengo que abrir una cuenta en Drive, o si para seguir un curso oficial me toca claudicar ante Classroom. La soberanía individual tiene un techo, y ese techo lo pone justamente lo público cuando renuncia a predicar con el ejemplo.

No escribo esto desde el pesimismo, aunque lo parezca. Lo escribo porque creo que nombrar la imposición silenciosa es el primer paso para empezar a desactivarla. Mientras sigamos aceptando que «es gratis, créate una cuenta» es una respuesta razonable, el discurso de la soberanía digital seguirá siendo eso: una nota de prensa bien redactada que conviene leer con un punto de sana desconfianza. La verdadera soberanía no llegará el día que Europa anuncie su enésima alternativa. Llegará el día que un funcionario, ante mi objeción, no me diga que me cree una cuenta de Gmail, sino que me ofrezca otra forma de hacerlo.