España no tiene demasiados funcionarios: tiene la administración mal dibujada

Rafa me lo soltó en mitad de una conversación que iba de otra cosa, que es como empiezan siempre las conversaciones que luego te tienen dos semanas dándole vueltas. Que Brasil tiene veintisiete unidades federativas y que de ahí cuelgan directamente los ayuntamientos. Nada en medio. Doscientos y pico millones de personas organizadas en dos pisos y a otra cosa.

Me puse a contar los nuestros y salieron unos cuantos más. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias, diputaciones, cabildos, consejos insulares, mancomunidades, comarcas, consorcios, entidades locales menores. Y debajo de todo eso, ocho mil ciento treinta y dos ayuntamientos para menos de cincuenta millones de habitantes. Brasil, con cuatro veces más gente y diecisiete veces más territorio, se apaña con cinco mil quinientos setenta.

Me fui a la cama convencido de tener razón y con un dato en la recámara que llevaba años repitiendo en conversaciones de bar: que España era el país europeo con más funcionarios por habitante. Al día siguiente me dio por comprobarlo. Y ahí se me cayó el argumento entero.

El dato que yo daba por bueno era falso

No es que estuviera matizado. Es que está del revés. En España el empleo público supone alrededor del quince por ciento de los ocupados, cuando la media de la OCDE ronda el dieciocho y medio. Ocupamos el puesto veintidós de la lista. Por delante, con casi el doble de peso, los nórdicos de siempre: Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia se mueven todos entre el veinticinco y el treinta por ciento.

Con el gasto público pasa lo mismo. España se queda por debajo de la media europea y a mucha distancia de Francia. Somos, en términos comparados, un país con una administración más bien escuálida que se pasa el día quejándose de tener una administración obesa.

Reconozco que me dio cierta vergüenza. Llevaba años soltando un dato que jamás había verificado, precisamente porque encajaba con lo que yo ya quería creer. Que es la definición exacta de prejuicio, por mucho que uno se tenga por persona informada y con criterio.

Dónde está de verdad esa gente

Aquí llega la parte que casi nunca aparece en la conversación pública, que es justo la que la desmonta. De los poco más de tres millones de empleados públicos que hay en España, casi dos tercios trabajan para las comunidades autónomas. La administración local se lleva alrededor de una quinta parte, y al Estado le queda todavía menos.

Y dentro de las autonomías el grueso no está sellando papeles en una ventanilla. Son unas setecientas mil personas en instituciones sanitarias y algo más de seiscientas mil en enseñanza no universitaria. Médicas, enfermeros, celadoras, maestras, profesores de instituto. Cuando alguien dice que hay que adelgazar la administración, o está proponiendo despedir sanitarios y docentes, o está hablando de una porción diminuta del pastel. Casi siempre no está diciendo nada, porque la frase se lanza sin haber mirado nunca este reparto.

Problema sí que hay, pero es el contrario del que se denuncia. Casi un tercio del empleo público sigue siendo temporal, cerca de un millón de personas, muy lejos del compromiso que España firmó con Bruselas. En los hospitales públicos la temporalidad se acerca a la mitad de la plantilla. Casi una de cada dos personas que te atiende en urgencias está en precario. Eso no es sobredimensionamiento, es una administración levantada a base de parches y prórrogas.

El problema no es cuántos somos, es el dibujo

Donde sí hay tela que cortar es en el mapa, aunque tampoco resultamos ser la excepción que yo imaginaba. Casi cinco mil municipios españoles tienen menos de mil habitantes y entre todos reúnen apenas el tres por ciento de la población. Un detalle lo resume mejor que cualquier porcentaje: en España existen casi trescientos cuerpos de Policía local formados por un único agente. Uno. Ahí el problema no es el coste, porque la inmensa mayoría de esos alcaldes y concejales no cobran un euro. El problema es que a esa escala no se puede gestionar absolutamente nada.

Antes de sacar pecho de anomalía patria, eso sí, conviene mirar al norte. Francia tiene casi treinta y cinco mil comunas, más que Alemania, España e Italia juntas, y solo en cargos electos locales supera el medio millón frente a los setenta mil de aquí. Llevan décadas intentando fusionarlas y avanzan a un ritmo que sitúa el objetivo en algún punto del siglo XXIV. La fragmentación municipal no es una rareza española, es una herencia europea que nadie se atreve a tocar.

Porque tocarla cuesta votos y no da ninguno. En 2013 se montó una comisión para reformar las administraciones públicas con más de doscientas medidas y una promesa de ahorro de decenas de miles de millones. El balance que hacen los especialistas años después es demoledor: se le colgó la etiqueta de reforma a un paquete heterogéneo de medidas que nunca llegaron a rozar la estructura. Y cada vez que alguien propone suprimir las diputaciones, hasta economistas poco sospechosos de defenderlas advierten de que el ahorro sería modesto y se evaporaría en cuanto otra administración tuviera que asumir el trabajo.

Lo que se discute y lo que se calla

Al final me he quedado con una sensación incómoda: llevamos décadas manteniendo el debate equivocado con una energía admirable. Discutimos si sobran funcionarios, que no sobran. Discutimos si hay demasiados políticos, cuando la mayoría de los cargos electos de este país son concejales de pueblo que no cobran. Y mientras tanto no discutimos que una de cada tres personas que trabaja para lo público esté en precario, ni que haya municipios que existen solo sobre el papel, ni que a estas alturas nadie sepa ya qué administración es responsable de qué.

Sospecho que el debate falso se mantiene porque le viene bien a todo el mundo. A quien quiere recortar le regala una coartada moral, porque siempre resulta más presentable atacar a un funcionario abstracto que a una enfermera concreta. Y a quien no quiere reformar nada le da una trinchera cómoda desde la que defender lo existente sin tener que explicar jamás por qué lo existente funciona así de mal.

Rehacer el dibujo no daría titulares, no llenaría plazas y costaría una legislatura entera. Por eso no lo hace nadie. Y por eso seguimos teniendo una administración con menos gente de la que se cree, peor organizada de lo que se admite y bastante más precaria de lo que a ninguno nos gusta reconocer.

La próxima vez que saque el tema con Rafa iré con los deberes hechos. Aunque me temo que el argumento que me destrozó era el suyo.